A cincuenta años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la sociedad argentina mantiene una condena mayoritaria y sostenida hacia la última dictadura militar. Siete de cada diez personas evalúan ese período de manera negativa, el mismo porcentaje apoya que continúen los juicios por crímenes de lesa humanidad y ocho de cada diez creen que un nuevo quiebre institucional es muy poco probable. Esos son los datos centrales de la encuesta sobre la dictadura argentina a 50 años del golpe realizada por el observatorio Pulsar.UBA de la Universidad de Buenos Aires y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), difundida este viernes.

El estudio —titulado Miradas retrospectivas sobre la dictadura argentina: 50 años después— combinó una encuesta nacional con 1.136 casos y ocho grupos focales en distintas regiones del país. Sus resultados revelan una memoria colectiva anclada en el rechazo al terrorismo de Estado, pero también fracturas interpretativas que persisten en una parte significativa de la sociedad. La encuesta sobre la dictadura argentina a 50 años del golpe no es solo un ejercicio académico: llega en un momento político de fuertes debates sobre la memoria, la historia reciente y el rol del Estado en la preservación del relato sobre ese período.

71% de condena: los números del rechazo

El dato más contundente del relevamiento es que el 71% de los argentinos tiene una visión negativa de la dictadura: el 45% la califica como «muy mala» y el 26% como «mala». Solo una minoría sostiene una evaluación positiva o neutral del período que se extendió entre 1976 y 1983 bajo la conducción de la Junta Militar encabezada por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti.

El rechazo se refuerza cuando se indaga sobre la justificación del golpe: el 63% sostiene que no existieron motivos que habilitaran la intervención militar de 1976. Y a la hora de asignar responsabilidades por el quiebre institucional, el 39% señala directamente a los integrantes de esa primera Junta como los principales responsables.

La encuesta sobre la dictadura argentina a 50 años del golpe muestra, sin embargo, que esa condena mayoritaria no es completamente uniforme en la interpretación histórica. Ante la pregunta sobre cómo describir el accionar del gobierno militar entre 1976 y 1983, el 61% lo define como una dictadura que ejecutó un plan sistemático de desaparición de personas y violaciones a los derechos humanos. Pero el 32% sostiene que se trató de una lucha contra el terrorismo en la que hubo «excesos». Ese dato —casi uno de cada tres argentinos encuadra el período en la narrativa de la «guerra sucia»— es uno de los más relevantes del estudio, porque marca el límite de los consensos y el alcance de las fracturas que aún persisten.

Desaparecidos, represión y tortura: las palabras que organizan la memoria

Cuando se les pidió a los encuestados que describieran lo primero que viene a su mente al pensar en la dictadura, las respuestas se concentraron en un campo semántico preciso: desaparecidos, represión, violencia, tortura. Los investigadores concluyen que «los desaparecidos, la represión y la violencia institucional están en el centro de la memoria» colectiva sobre el régimen militar.

Ese núcleo duro de la memoria tiene una explicación en parte sociológica: según el relevamiento, tres de cada diez encuestados declaran tener un familiar, amigo o conocido que fue desaparecido, detenido o perseguido durante la dictadura. Y ese vínculo personal tiene un efecto medible: quienes tienen esa experiencia directa tienden a evaluar el período de manera más crítica y a reconocer con mayor claridad el carácter sistemático del terrorismo de Estado. La experiencia personal, señalan los investigadores, opera como un «ancla moral» en la formación de la memoria.

La dictadura Argentina a 50 años golpe

El problema, y también uno de los hallazgos más importantes de la encuesta sobre la dictadura argentina a 50 años del golpe, es que esa transmisión ya no pasa principalmente por la experiencia directa. A medida que avanza el tiempo, la memoria se sostiene sobre canales secundarios. La educación formal —la escuela y la universidad— emerge como el principal vector de transmisión de la historia reciente, seguida por las conversaciones con familiares y amigos. Las marchas, los actos y los espacios de memoria son mencionados con menor frecuencia. El conocimiento declarado sobre el período sigue siendo alto —siete de cada diez personas afirman saber mucho o algo sobre lo ocurrido— pero la fuente de ese conocimiento es cada vez más institucional y menos vivencial.

Esa transformación tiene consecuencias directas sobre el debate político actual. Los argumentos que cuestionan la memoria, que relativizan las cifras de desaparecidos o que reencuadran el período en clave de «dos demonios» se dirigen fundamentalmente a personas que no tienen experiencia personal con la represión y cuya formación sobre el tema depende de los contenidos que el sistema educativo y las instituciones culturales decidan priorizar o cuestionar.

El 70% apoya los juicios: una demanda activa de justicia

La encuesta sobre la dictadura argentina a 50 años del golpe confirma que el proceso de justicia transicional iniciado con el Juicio a las Juntas en 1985, interrumpido con las leyes de impunidad y reanudado en 2006 tras su anulación, cuenta con respaldo social continuo. Alrededor del 70% de los encuestados está de acuerdo en que el Estado argentino debe seguir juzgando a los militares responsables de violaciones a los derechos humanos. Los investigadores del CELS y Pulsar.UBA lo sintetizan con precisión: «La demanda por justicia está activa.»

Ese respaldo es especialmente significativo si se tiene en cuenta el contexto político en el que fue medido. En los últimos dos años, desde distintos sectores del espacio libertario y de la derecha tradicional, se instaló con mayor intensidad que en décadas anteriores un cuestionamiento abierto a los juicios, a las cifras de desaparecidos y a las políticas de memoria. Ese debate, que en períodos anteriores hubiera sido considerado socialmente marginal, encontró en el ciclo político abierto en 2023 una caja de resonancia institucional que no tenía antes.

En ese marco, el 70% de apoyo a los juicios no solo describe el estado de la opinión pública: también delimita el techo político de los argumentos revisionistas. Que siete de cada diez argentinos respalde la continuidad de los procesos judiciales es un dato que los investigadores no califican como obvio, sino que presentan como un resultado que merece subrayarse en el presente.

83% cree que no habrá otro golpe: confianza democrática con matices

Uno de los hallazgos más llamativos de la encuesta sobre la dictadura argentina a 50 años del golpe es el nivel de confianza en la estabilidad democrática. El 83% de los encuestados considera poco o nada probable que vuelva a producirse un golpe de Estado en la Argentina. En los grupos focales, esa convicción se expresó con contundencia: varios participantes subrayaron que ante una amenaza institucional, la sociedad reaccionaría masivamente en las calles.

«Yo creo que hoy en día la gente estaría reclamando en todos lados», dijo un participante en uno de los grupos focales, y esa idea —la de una sociedad movilizada como garantía democrática— apareció de manera espontánea en varias regiones del país. No es un optimismo ingenuo: es la incorporación, en la cultura política argentina, de la experiencia de 1983 como punto de no retorno.

Los investigadores, sin embargo, señalan una tensión que el dato cuantitativo no resuelve: muchas de las personas que confían en que la sociedad reaccionaría ante un golpe no participan habitualmente en marchas ni en acciones públicas vinculadas a los derechos humanos. La confianza en la reacción colectiva es alta, pero el compromiso individual activo es más acotado. Es la diferencia entre creer que la democracia se defenderá sola y estar dispuesto a defenderla.

La valoración de las instituciones y los actores del período

La encuesta también exploró la imagen de distintos actores vinculados a la dictadura y a la memoria. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo mantienen una valoración positiva entre quienes tienen vínculos personales con la represión, mientras que la percepción de las Fuerzas Armadas resulta relativamente más favorable entre quienes no tienen esa experiencia directa.

Los investigadores del CELS y Pulsar.UBA describieron esa dinámica como una «condición personal» que organiza la percepción de los colectivos asociados al período. En términos concretos: la distancia o cercanía personal con la represión sigue siendo el predictor más fuerte de cómo se perciben tanto a los organismos de derechos humanos como a las instituciones militares. El pasado no está igualmente distribuido en la sociedad argentina, y esa desigualdad en la experiencia de la memoria produce evaluaciones distintas de las mismas instituciones.

El 24 de marzo y el debate político que se viene

La publicación de esta encuesta sobre la dictadura argentina a 50 años del golpe llega once días antes del acto central de conmemoración del 24 de marzo de 2026, que por primera vez en décadas se desarrollará en un contexto político donde la narrativa sobre el pasado reciente está abiertamente en disputa desde el propio Estado nacional. En los últimos meses, el gobierno de Javier Milei sostuvo una posición que cuestionó la cifra de 30.000 desaparecidos, defendió la teoría de los «dos demonios» y cuestionó la continuidad de los juicios por lesa humanidad en los términos en que se desarrollan actualmente.

El estudio del CELS y Pulsar.UBA no menciona al gobierno actual, pero sus datos son inevitablemente una respuesta a ese debate. El 71% de condena a la dictadura, el 70% de apoyo a los juicios y el 63% que rechaza cualquier justificación del golpe configuran una mayoría social que no acompaña los argumentos revisionistas. La distancia entre ese consenso social y el discurso oficial es uno de los datos políticos más importantes que arroja el relevamiento, aunque ninguno de sus autores lo enuncie de manera explícita.

A cincuenta años del 24 de marzo, la memoria de la dictadura en Argentina sigue siendo, como afirman los investigadores, «una experiencia social que organiza nuestro modo de comprender el presente, nuestras creencias y nuestros compromisos democráticos.» Y esa memoria —según esta encuesta— sigue siendo mayoritariamente condenatoria.

Fuentes: Pulsar.UBA (Universidad de Buenos Aires), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Ministerio Público Fiscal

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La localidad de La Madrid, en el sur de la provincia de Tucumán, lleva más de 48 horas bajo el agua. Decenas de familias duermen al costado de la ruta nacional 157, sobre la banquina, en sus autos o bajo lonas improvisadas, a la espera de que el río Marapa termine de bajar y les permita volver a sus casas. Las inundaciones en Tucumán en 2026 ya constituyen la emergencia climática más grave que atraviesa la región en lo que va del año, con amplios sectores urbanos y rurales anegados, rutas cortadas, animales atrapados y una logística de asistencia que corre contrarreloj.

El desborde se desencadenó tras días de precipitaciones persistentes que saturaron el suelo y desbordaron los ríos Marapa y San Francisco, dos cursos de agua que convergen en la zona sur de la provincia y que en condiciones de lluvia extrema pueden elevar su caudal en pocas horas. El casco urbano de La Madrid fue uno de los puntos más afectados: calles convertidas en canales, casas con el agua por encima de la cintura y vecinos que se negaron a salir y quedaron refugiados en los techos.

Quiénes son los que esperan en la ruta

Las inundaciones en Tucumán 2026 tienen cara y nombre. En la ruta 157, a la altura del ingreso a La Madrid, se formó un campamento improvisado donde conviven familias enteras. Hay colchones sobre el asfalto, ropa tendida en alambres, nenes que juegan entre los autos y adultos mayores que miran hacia el campo sin hablar.

Una vecina, con varios días de vigilia acumulada, describió la angustia de no saber qué pasaba del otro lado del agua. «Es la primera vez en la vida que me ha entrado adentro, no puedo más porque he sufrido mucho», contó. Señaló que su hijo y sus nietos permanecían dentro de la zona inundada, sin que pudiera comunicarse con ellos de manera constante. «Hay muchos chicos», agregó.

Otro hombre, junto a su hijo y su sobrino, puso en valor la solidaridad espontánea que se organizó entre los propios damnificados y los vecinos de localidades cercanas. «Gracias a la gente que trae comida, que trae agua. La gente trae todo. Nosotros pudimos dormir en el auto, gracias a Dios; otros se acomodan donde pueden», dijo. La frase sintetiza la situación de cientos de personas que convirtieron la banquina de la ruta en un espacio de tránsito y espera indefinida.

Inundaciones en Tucumán

Tal vez el testimonio más duro fue el de un hombre que describió la doble angustia de las inundaciones: la del momento del agua y la de la vuelta. «Tristeza. Sacrificio de muchos años para que en tres o cuatro días no te quede nada, eso es muy triste. Uno ve ahora el agua, pero lo feo es cuando se va y tenés que volver. Yo tuve que dejar a mis perros; no sé si van a estar vivos o muertos», dijo. La frase sobre los perros circuló ampliamente en redes sociales durante las últimas horas y se convirtió en uno de los retratos más crudos de lo que significa perder la normalidad de golpe.

Una mujer que hacía cuatro años había dejado Buenos Aires para instalarse en La Madrid, en busca de una vida más tranquila, contó que el agua finalmente entró en su casa pese a que vecinos le habían asegurado que eso no ocurriría. «No tengo fuerzas, mi hijo quiere llevarme a Buenos Aires de vuelta porque no sé cómo voy a empezar. No se recibe la ayuda que se merece. Falta todo», dijo. Su caso pone en evidencia que las inundaciones en Tucumán 2026 no afectaron solo a familias con arraigo histórico en la zona, sino también a quienes eligieron el interior como alternativa de vida y quedaron expuestos sin red de contención local.

El operativo: maquinaria, lanchas y camiones de Capital Humano

El Gobierno de Tucumán movilizó un operativo de emergencia con coordinación entre el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior provincial. El titular de Obras Públicas, Marcelo Nazur, confirmó que los equipos trabajan en dos puntos críticos de la ruta 157 donde se realizaron intervenciones para facilitar el drenaje del agua. «Si las condiciones climáticas continúan acompañando, se prevé habilitar un paso precario para restablecer la circulación», señaló.

En terreno, los trabajos combinan maquinaria pesada —retroexcavadoras, retropalas, motoniveladoras y camiones— con cuadrillas manuales dedicadas a la limpieza de lodo en calles y viviendas. La Dirección Provincial del Agua lleva adelante trabajos específicos en la intersección de las rutas provinciales 306 y 323 para mejorar el escurrimiento en un punto que históricamente concentra el agua en eventos de lluvia extrema.

El operativo fluvial lo sostienen en parte voluntarios

Diego, integrante de un grupo de pescadores de la zona, salió con su lancha junto a bomberos para asistir a quienes se negaron a evacuar. «Ayer rescatamos a varios ancianos y animales», contó. Y describió una escena que ilustra la escala real de los anegamientos: «Anoche entramos y no había nadie adentro del pueblo. Pero es gente que se niega a salir de su casa, que no quieren salir. Nosotros les estamos llevando agua caliente, comida, gaseosa, velas a la noche. Están sobre los techos con carpas.»

La escena que describe Diego —un pueblo vacío de noche, con vecinos sobre los techos y voluntarios navegando entre las casas— da dimensión a lo que las inundaciones en Tucumán 2026 significan en términos humanos más allá de los números del operativo.

A nivel nacional, el Ministerio de Capital Humano confirmó el envío de cinco camiones con materiales para los damnificados. Los insumos provienen de mercadería bajo custodia de la Aduana —rezagos y materiales decomisados que el Estado destina a emergencias y programas sociales. Fuentes del gobierno provincial indicaron que el gobernador Osvaldo Jaldo solicitó formalmente la asistencia y que se acordó el adelanto de cuotas de envío de materiales para acelerar la respuesta.

El río Marapa y la clave del escurrimiento

El río Marapa es el eje hidrológico de la emergencia. Su desborde inicial fue lo que provocó el anegamiento del casco urbano de La Madrid, y su descenso gradual —favorecido por las intervenciones de drenaje en la ruta 157— es la condición que determina cuándo las familias podrán volver. Según el parte oficial del gobierno tucumano, el nivel del Marapa viene reduciéndose en las últimas horas, lo que permitió iniciar la fase de descompresión del área más crítica.

El proceso de escurrimiento, sin embargo, no es inmediato. Cuando el río baja deja detrás una capa de lodo, barro y sedimentos que cubre pisos, muebles y paredes. Las casas de adobe o ladrillo sin revocar —mayoritarias en las localidades rurales del sur tucumano— absorben la humedad y tardan días en secarse. La «vuelta a casa» que esperan las familias de la ruta 157 no es el regreso a lo que dejaron: es el comienzo de otra emergencia, más silenciosa y sin cámaras.

Contexto: el sur tucumano y la vulnerabilidad hídrica estructural

Las inundaciones en Tucumán 2026 no son un evento aislado. El sur de la provincia —los departamentos de La Madrid, Graneros, Monteros y Simoca— forma parte de una cuenca hídrica que concentra el escurrimiento de las serranías tucumanas hacia las llanuras chaqueñas. Cada evento de lluvia intensa en las sierras eleva rápidamente el caudal de los ríos Marapa, Salí y sus afluentes, con consecuencias previsibles para las localidades en llanura.

Los expertos en gestión de riesgos señalan desde hace años que la región carece de obras de infraestructura hídrica suficientes para mitigar estos eventos: diques amortiguadores, canales de derivación y sistemas de alerta temprana que lleguen efectivamente a la población en tiempo real. La ocupación de zonas de riesgo hídrico —favorecida por la falta de planificación urbana y el acceso informal al suelo— agrava la exposición de la población más vulnerable.

En ese contexto, el episodio de La Madrid de 2026 se suma a una serie de inundaciones que en los últimos diez años golpearon con distinta intensidad al mismo corredor: 2015, 2017, 2019 y 2022 fueron años con emergencias hídricas registradas en el sur tucumano. El patrón se repite; la respuesta sigue siendo reactiva.

El diputado Pelli, el empleado del ministerio y el trasfondo político

La emergencia hídrica en Tucumán tuvo esta semana un trasfondo político que la proyectó a la agenda nacional. El diputado nacional Federico Pelli, de La Libertad Avanza, fue agredido físicamente el lunes mientras ingresaba a La Madrid en un vehículo cargado con colchones, junto a otros legisladores. El agresor fue identificado como Marcelo Segura, empleado del Ministerio del Interior tucumano. Pelli sufrió fractura de hueso nasal y traumatismo encefalocraneano; fue atendido en el Hospital Regional de Concepción. El hombre fue detenido.

El episodio generó una reacción inmediata del presidente Javier Milei, que publicó en mayúsculas en sus redes un mensaje de condena. El propio gobernador Jaldo repudió la agresión y confirmó la detención. El ministro del Interior provincial, Darío Monteros —del que Segura dependía laboralmente—, emitió un comunicado de repudio pero no aclaró si el agresor continuará en su cargo ni el vínculo funcional exacto.

La agresión a un legislador en una zona de emergencia, mientras llevaba donaciones, concentró durante horas la atención pública en un ángulo político de las inundaciones en Tucumán 2026, dejando en segundo plano el drama humanitario de los evacuados. Ese desplazamiento de la agenda es, en sí mismo, un síntoma del modo en que las catástrofes climáticas son procesadas en el ciclo de noticias argentino: el conflicto político superpone al drama de las personas.

Las familias de la ruta 157 siguen esperando. El río Marapa baja. Y los perros, todavía, no se sabe.

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El paro feminista y la Marcha 8M 2026 se desarrollan este lunes 9 de marzo en Buenos Aires y en decenas de ciudades del país. El cambio de fecha responde a que el 8 de marzo cayó domingo: las organizaciones convocantes decidieron en asamblea trasladar la jornada al lunes para garantizar que el cese de actividades tuviera impacto real en los espacios de trabajo, las escuelas y los ámbitos educativos. La convocatoria central en la Ciudad de Buenos Aires es a las 16:30, desde el Congreso de la Nación hacia Plaza de Mayo. A las 18:47, con la columna en movimiento, el centro porteño está tomado por miles de personas.

¿Por qué la marcha del 8M 2026 es el 9 de marzo?

La decisión fue impulsada por el colectivo Ni Una Menos y otras organizaciones, que convocaron a trasladar la marcha al lunes para garantizar un impacto real en los ámbitos laborales y educativos. La intención es que el paro se sienta efectivamente en los lugares de trabajo, en las escuelas y en cada espacio donde las mujeres y diversidades sostienen tareas esenciales. No es la primera vez que el movimiento feminista argentino adopta esta estrategia: ya en ediciones anteriores, cuando el 8 cayó en fin de semana, las organizaciones optaron por la jornada laboral siguiente para maximizar la visibilidad del paro.

La decisión se tomó en la última asamblea transfeminista, que reunió a agrupaciones feministas, organizaciones sociales, sindicales e integrantes de distintos espacios políticos. También se resolvió impulsar un cese de actividades como forma de protesta frente a las políticas del gobierno libertario. En ese marco, los principales gremios docentes adhirieron a la medida de fuerza, con lo cual las escuelas públicas de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires no tienen actividad normal este lunes.

¿A qué hora es la marcha del 8M y cuál es el recorrido?

En la Ciudad de Buenos Aires, la movilización del 9 de marzo comenzó a las 16:30, con concentración en las inmediaciones del Congreso, en Santiago del Estero y Avenida de Mayo. Desde allí, las columnas marchan hacia Plaza de Mayo, donde está previsto el acto central con escenario.

A las 18:47, la marcha se encuentra en pleno desarrollo. El grueso de las columnas recorre la Avenida de Mayo en dirección a la Casa Rosada. Las organizaciones convocantes prevén que el acto central en Plaza de Mayo se extienda durante las próximas horas. Quienes quieran sumarse todavía están a tiempo: la concentración en el microcentro seguirá activa durante la tarde-noche.

Marcha 8M 2026: cortes de tránsito y colectivos afectados

Las zonas del Congreso, el Obelisco, Avenida de Mayo y Plaza de Mayo están con el tránsito severamente afectado desde las 16. Las principales zonas afectadas por los cortes de calle son las cercanas al Congreso, la Plaza de Mayo y el Obelisco. A partir de las 16 hay interrupciones en el perímetro de las avenidas Córdoba, Alem, Paseo Colón, Belgrano y la calle Combate de los Pozos.

Quienes circulan en auto deben evitar el corredor que va desde el Congreso hasta Plaza de Mayo por Avenida de Mayo y calles aledañas. El tránsito en 9 de Julio entre Corrientes y Belgrano también está comprometido.

Las líneas de colectivos que realizan cambios en su recorrido son: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 22, 24, 26, 28, 29, 37, 39, 45, 46, 50, 51, 53, 56, 59, 60, 61, 62, 64, 70, 84, 86, 90, 91, 98, 100, 102, 105, 111, 124, 126, 129, 133, 140, 143, 146, 150, 151, 168 y 180. No se prevé ningún cierre de estación de subte. Para seguir la situación en tiempo real se recomienda consultar BA Cómo Llego, Waze o Moovit.

El documento del 8M 2026: cuáles son los reclamos

La consigna central de este año en la Marcha 8M 2026 es «Nuestros derechos no son moneda de cambio». La consigna que atraviesa la jornada sintetiza el clima político del movimiento: «Contra la avanzada fascista, unir las luchas es la tarea».

Entre las principales consignas que se expresan este año figuran el rechazo a la reforma laboral recientemente promulgada, a la iniciativa que propone bajar la edad de punibilidad y a los cambios impulsados sobre la Ley de protección a mujeres y diversidades.

El documento difundido por las organizaciones convocantes señala que las políticas actuales profundizan la precarización laboral y la desigualdad, con impacto desproporcionado sobre las mujeres y diversidades. Desde las organizaciones se denuncia que las medidas del gobierno profundizan la feminización de la pobreza, al igual que la falta de entrega de alimentos, el cierre de programas esenciales y el abandono del Estado en áreas clave para la protección de los derechos de mujeres y diversidades.

Voces del movimiento lo expresaron en términos directos: la reforma laboral, el ajuste económico y las políticas sobre los recursos naturales afectan las redes de cuidado y las condiciones de vida. La consigna que circula en distintas ciudades del país lo sintetiza: quienes alquilan, jubiladas, despedidos, quienes ya no tienen acceso a remedios, quienes sostienen los cuidados, todos tienen un lugar en esta protesta.

Los femicidios, el eje que no cede

Más allá de los reclamos político-económicos, la denuncia de la violencia de género sigue siendo el núcleo histórico e irrenunciable de la marcha del 8M. Según el relevamiento del observatorio Ahora que Sí Nos Ven, en lo que va de 2026 ya se registraron 43 femicidios en la Argentina. El 19% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor y en el 12% de los casos existía una instancia judicial en curso.

Solo durante enero se registraron 26 asesinatos por violencia de género. El 51% de los femicidios fue cometido por la pareja de la víctima y el 21% por una expareja. Al menos 23 niñas y niños quedaron sin madre como consecuencia de estos crímenes.

El registro contabiliza además 72 intentos de femicidio en lo que va del año, lo que equivale a uno cada 21 horas. Las provincias con mayor incidencia son Santiago del Estero, Río Negro y Catamarca. Durante 2025, el mismo observatorio registró 262 femicidios en todo el país, con un promedio de uno cada 33 horas.

Reforma laboral: el detonante político del 8M 2026

La aprobación de la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional actuó como detonante político que amplió el alcance de la convocatoria de este año. Lo que comenzó como un reclamo sectorial de gremios de trabajadores derivó en una articulación más amplia con el movimiento feminista, que encontró en esa ley un punto de confluencia con sus propias demandas históricas. La reforma laboral es señalada como un claro retroceso en derechos. Discursos de odio que habilitan la violencia y lógicas de ajuste permanente tienen impacto directo sobre los cuerpos de mujeres y diversidades, produciendo sufrimiento psicosocial.

Marcha 8M 2026 donde las organizaciones trans y travestis también tienen un lugar central en la convocatoria de este año, con reclamos específicos sobre el acceso al trabajo y la visibilización de sus condiciones de vida. En distintos puntos del acto se recuerda a Diana Sacayán, lidereza travesti asesinada en 2015, y a Zoe García, cuyo juicio comienza precisamente este mes de marzo.

El 8M en Argentina: historia de una fecha que creció

El Día Internacional de la Mujer Trabajadora tiene su origen en las luchas obreras de principios del siglo XX. La fecha del 8 de marzo fue adoptada internacionalmente para recordar a las trabajadoras que reclamaban condiciones dignas y derechos iguales, en un período en que la organización sindical femenina era reprimida sistemáticamente. En Argentina, la fecha comenzó a ganar masividad a partir del surgimiento de Ni Una Menos en 2015, una movilización que nació como respuesta a los femicidios y que en pocos años se convirtió en el movimiento social más importante del país en términos de convocatoria callejera.

Desde entonces, cada 8M —o el día hábil más cercano cuando cae en fin de semana— el movimiento feminista argentino ocupa las calles con una agenda que articula la denuncia de la violencia de género con reclamos económicos, laborales y de política pública. La consigna de este 2026 sintetiza ese camino: unir las luchas es la tarea.

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